miércoles, 8 de diciembre de 2010

Responsabilidad Penal Corporativa

No parece abrirse paso la idea de Robert Reich en Supercapitalismo de acabar con la personalidad jurídica de las empresas y reducirlas a simples paquetes de contratos. En el caso español, la reciente modificación del Código Penal introduce la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Si la Responsabilidad Social Corporativa enfrenta a las empresas a la opinión de la sociedad, esta nueva responsabilidad es de obligado cumplimiento y las hace responder ante los tribunales de justicia.

Hasta ahora el código español seguía la tradición romana recogida en la locución latina: Societas delinquere non potest. Se consideraba que las empresas no podían delinquir y que los responsables debían ser personas físicas.

La nueva responsabilidad incluirá los delitos que sean cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho. La organización colectiva también será responsable directa cuando sus empleados o subordinados hayan cometido un delito y los responsables empresariales no hayan ejercido sobre ellos el debido control. Esto viene a aplicarse en los delitos de omisión y/o delitos no dolosos, donde los comportamientos empresariales delictivos vienen dados, en muchas ocasiones, por simples inercias internas, sin un protagonista claro.

Se espera de la empresa que colabore no solo en la prevención de los hechos delictivos que pudieran cometerse en su seno, sino también que, cuando el delito ya se ha producido, implante medidas correctoras eficaces que eviten su repetición; hasta el punto de que se valora esto último como circunstancia atenuante. Se considera también como atenuante que aporte al proceso pruebas que contribuyan a reforzar su propia culpabilidad. Por último, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos de los hechos, si estos pueden ser identificados y se prueba su participación.

Algunos de los delitos que se pueden imputar a las empresas son: acoso laboral, acoso inmobiliario, delito informático, estafa, alzamiento de bienes, estafa, corrupción, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social,...

Las penas que se pueden imponer pueden llegar a la suspensión de actividades, clausura de locales o incluso su disolución. Esta última condena fue la que sufrieron algunas de las empresas condenadas por su colaboración con el nazismo en los juicios de Nuremberg. 
 
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